Sabemos que estos son tiempos difíciles para los acreedores de Stanford International Bank y que usted todavía tiene varias preguntas a las que no ha recibido respuestas. Como los nuevos Liquidadores Conjuntos, tenemos el compromiso de mantener un diálogo abierto. A continuación presentamos algunas preguntas y respuestas con el propósito de ayudarle a entender quiénes somos, nuestra estrategia, nuestros esfuerzos más recientes y proveer respuestas a algunas de sus preguntas más frecuentes.
Oprima en la pregunta para leer la respuesta.
El Tribunal ha nombrado a Marcus Wide y Hugh Dickson de la compañía de contabilidad y auditorías Grant Thornton para administrar la liquidación, reemplazando a los Liquidadores Conjuntos anteriores. Ellos han estado a cargo de la liquidación desde el 12 de mayo del 2011 y han estado trabajando diligentemente para evaluar todos los asuntos del patrimonio.
El Tribunal tenía motivos de preocupación sobre la capacidad de los Liquidadores Conjuntos anteriores, a raíz de su conducta, y en su decisión declaró “…existe una tendencia evidente hacia la ilegalidad. Y tampoco se puede establecer que ellos han sido efectivos y honestos. Su conducta ha sido cuestionable en varios casos, no sólo en una ocasión. Su conducta en Canadá es a causa de sus propias acciones y, como tal, ellos deben enfrentar las consecuencias profesionales si se presentan y cuando se presenten. Además, a pesar de que este Tribunal ha indicado que las decisiones en Canadá no son vinculantes, otro Tribunal en otro de los países en los que SIB puede haber tenido inversiones podría decir lo contrario. Estas decisiones no son favorecedoras a los Liquidadores.”
En un fallo sumamente importante, el Tribunal Supremo de Quebec encontró, en septiembre del 2009, que los Liquidadores Conjuntos anteriores destruyeron datos de computación originales en Canadá; deliberadamente removieron copias reproducidas de los datos de computación del banco fuera del alcance de los Tribunales canadienses; actuaron en Canadá sin el permiso de los Tribunales canadienses; engañaron al Tribunal en Quebec y una y otra vez ignoraron las solicitudes de asistencia de la Autorité des Marchés Financiers (la agencia reguladora de los mercados financieros de Quebec).
Los Liquidadores, actuales y anteriores, están a cargo por las leyes de Antigua las cuales gobiernan su nombramiento y la Orden Judicial nombrándolos para recolectar los activos del patrimonio, incluyendo utilizar cualquier derecho legal que posea el patrimonio para demandar y recobrar activos o daños y perjuicios y distribuir las ganancias netas a los acreedores, por lo tanto esencialmente los Liquidadores trabajan para los acreedores.
Como dicho anteriormente, los Liquidadores deben usar los recursos a su disposición para generar tanto efectivo como pueda ser recuperado. Algunas veces esto requiere que el efectivo en el patrimonio sea utilizado para perseguir activos o para demandar sobre la devolución de dinero o recobrar daños y perjuicios. Esto requiere de un buen criterio de negocios en la utilización de los fondos los cuales de otra manera podrían ser devueltos a los acreedores inmediatamente, así que cada dólar invertido en la investigación o litigio debe dar una mayor ganancia que exceda por varias cifras los fondos invertidos. Para ayudarnos a tomar las decisiones correctas, hemos formado una Comisión para representar a los acreedores en general. Reconocemos que en un mundo ideal, consultaríamos con todos los acreedores, pero con aproximadamente 21,000 afectados, esto simplemente no es posible. Entonces hemos solicitado voluntarios y de éstos seleccionamos un número de individuos para servir en la Comisión, los cuales representan, en lo posible, una base diversa tanto geográfica, como en el tamaño de los acreedores. La Comisión de Acreedores tiene miembros de Antigua, Canadá/Bahamas, Colombia, México, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. Con una excepción, todos son acreedores con reclamos personales que van desde diez miles de dólares hasta varios millones de dólares. Los miembros de la Comisión han acordado que ellos no recibirán ningún beneficio financiero, directo o indirecto, por servir en la Comisión. Esto asegura que sus contribuciones y tiempo invertido en asuntos de la Comisión estén enfocados en maximizar la recuperación financiera para las otras personas víctimas de la misma situación.
Su certificado de depósito será la base de su reclamo en el patrimonio.
Esto es difícil de estimar. La mayoría de los activos físicos son bienes inmuebles, los cuales en un mercado deprimido, como el que existe en el Caribe en este momento, tendrán poco valor si se venden inmediatamente. A medida que el mercado se recupere, estas propiedades rendirán mucho más si se venden con el paso del tiempo. Para ayudarnos a maximizar la venta de bienes raíces, hemos contratado a expertos en esta área quiénes están dedicados al mercado en el Caribe. Nosotros evaluaremos y hablaremos sobre las opciones que los expertos presenten al Comisión. Deseamos tener un entendimiento pleno sobre sus recomendaciones sobre el balance adecuado entre vender en el momento que permita que los acreedores recobren fondos tan pronto como sea posible y el precio para aprovechar al máximo lo que los acreedores recobren ultimadamente. Similarmente, las personas que permitieron que el fraude se llevara a cabo deben hacerse responsables por prestar su ayuda. De nuevo, estos asuntos toman tiempo para resolverse y nosotros dependeremos de la Comisión de acreedores para que nos guíen a medida que intentamos lograr el balance adecuado entre el tiempo invertido y las cantidades recuperadas.
Las víctimas recibirán pagos compartidos basados en los recobros netos en el patrimonio. Las leyes de Antigua ofrecen un plan exacto sobre cómo esto se lleva a cabo, pero el resultado final es que generalmente todos recibirán una parte de acuerdo al valor de su reclamo.
El proceso de reclamos está delineado en las leyes y reglamentos gobernantes que aplican en Antigua. El proceso de reclamos iniciado por los Liquidadores anteriores no cumple con éstos. Como resultado, un proceso nuevo de reclamos ha sido implementado requiriendo que todos los acreedores llenen y devuelvan el nuevo formulario de prueba de reclamos. El formulario se encuentra en la sección de la página web de SIB para administración de reclamos.
Todas las personas tienen que presentar un reclamo para participar en cualquiera distribución que se haga en el futuro de la liquidación. El formulario de prueba de reclamos se encuentra en la sección de la página web de SIB para administración de reclamos. Todos los acreedores tienen que someter un formulario de reclamos, lo cual también aplica a los reclamantes que anteriormente sometieron o intentan someter un reclamo con los Liquidadores Conjuntos previos o con el Síndico del SEC de los Estados Unidos.
Sin importar en donde viva, todos reciben el mismo tratamiento bajo las leyes de Antigua.
Esta es una pregunta extremadamente difícil de contestar. Una venta rápida de los activos disponibles en este momento produciría muy poca rentabilidad en su inversión. Nuestra misión es aumentar la recuperación financiera del patrimonio. Realizaremos esto al:
• Rastrear los fondos y activos financiados con su dinero, pero que no están actualmente mantenidos a nombre del banco.
• Iniciar una estrategia cuidadosa sobre las ganancias respecto a los bienes inmuebles del patrimonio.
• Recuperar daños y perjuicios de las personas y organizaciones que se beneficiaron por lo que se cree fue un fraude masivo o las cuales permitieron el fraude. Nosotros creemos que estos esfuerzos aumentarán dramáticamente su oportunidad de recuperar su dinero.
El proceso de Liquidación provee una plataforma legal que los Liquidadores pueden utilizar para recolectar los activos, rastrear fondos y demandar a las personas o entidades responsables, a la exclusión de cualquier otra persona o grupo quién desee efectuar estos procedimientos para su beneficio propio y egoísta. El Tribunal también autoriza a los Liquidadores a actuar en cualquier parte del mundo para ejecutar sus funciones. Muchos países, pero no todos, han aceptado seguir el protocolo para reconocer los derechos de un Liquidador extranjero de insolvencia en relación a buscar activos y reclamos en sus países y detener las acciones de personas o grupos no autorizados. Este esfuerzo tiene como objetivo asegurar que un solo procedimiento sea necesario para recuperar los activos e intentar evitar que se lleven a cabo varios procedimientos para localizar los mismos activos y asegurar que un sólo fondo común sea creado en beneficio de todos los acreedores, sin importar en donde residan. Este patrimonio ha sido reconocido en el Reino Unido y Suiza sobre este fundamento. Los Liquidadores Conjuntos anteriores iniciaron procedimientos en Estados Unidos para obtener este reconocimiento, pero no le dieron el debido seguimiento.
En muchos respectos coinciden y los Liquidadores Conjuntos anteriores estaban intentando clarificar quién era el responsable de qué en su solicitud al Tribunal estadounidense. Hemos entablado un diálogo con el Administrador Judicial en Estados Unidos para clarificar estos asuntos sin tener que recurrir a una acción judicial. Mientras que todavía existen varias áreas en donde los objetivos son los mismos, también hay puntos de posibles conflictos. Sin embargo, hemos llegado a un acuerdo en lo más importante –que no debemos perseguir los mismos activos o bienes– y que quien posea el mejor reclamo de acuerdo a la ley debe ser el que busque los activos. Mientras que los acreedores en cada procedimiento no son idénticos, nosotros creemos que existen oportunidades en las que podemos cooperar con el proceso de reclamos para evitar duplicar costos. Esto también requerirá de la cooperación entre los tribunales de Antigua y Estados Unidos.
Stanford International Bank Limited (SIB) es una compañía establecida en Antigua bajo las leyes de Antigua y por ende bajo el régimen regulatorio de la Comisión Regulatoria de Servicios Financieros; y, específicamente, no opera bajo las leyes de los Estados Unidos. Por lo tanto, Antigua tiene jurisdicción sobre la compañía y sus negocios en el más amplio de los sentidos. Sin embargo, SIB llevaba a cabo negocios en los Estados Unidos, lo que podría decirse lo situó bajo las disposiciones del SEC. También operaba varias compañías afiliadas que habían sido incorporadas claramente en Estados Unidos y sobre las cuales Antigua no posee una jurisdicción directa. Por lo tanto, los dos países, cuando inicialmente se dieron a conocer los problemas, ambos iniciaron medidas para proteger a las víctimas utilizando los procesos disponibles en cada país. La situación se complicó aún más cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. intervino en el Reino Unido, Suiza y Canadá para buscar decomisar activos a nombre del gobierno de los Estados Unidos, activos que ya habían sido asegurados por el Administrador nombrado por el Tribunal o los Liquidadores Conjuntos nombrados por el Tribunal, con el mismo propósito de proteger a las víctimas, indicando que una vez los activos estuviesen en manos del Gobierno de Estados Unidos, se entablaría un proceso para permitir que las víctimas hicieran sus reclamos sobre este fondo.
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